El gobierno ha aprobado mediante Real-Decreto ley una serie de medidas encaminadas a reducir el gasto sanitario público en España. Con estas medidas, el ejecutivo central pretende ahorrar 3.500 millones de euros. Son medidas duras, que afectan directamente a la equidad de la asistencia sanitaria y que ponen en entre dicho la mal llamada sanidad universal y gratuita. Y digo mal llamada porque nuestra sanidad no es gratuita, se paga con las aportaciones de trabajadores y pensionistas por la vía de las retenciones en las nóminas. Y a partir de ahora será aún menos universal.
Si bien muchas de las medidas incluidas en el Real-Decreto están pendientes de un posterior desarrollo mediante orden ministerial, lo que apuntan no es especialmente halagüeño: aumento del copago farmacéutico y extensión del mismo a los pensionistas; implantación del copago sanitario por la prestación de determinados servicios (transporte en ambulancia no urgente, prestación ortoprotésica y productos dietéticos); exclusión de la atención sanitaria primaria y especializada a los inmigrantes en situación irregular; exclusión de la atención sanitaria primaria y especializada de los mayores de 26 años que no hayan cotizado…
Con esa capacidad que caracteriza a nuestros gobernantes para no ver más allá de sus narices, las medidas diseñadas (perpetradas, habría que decir) por el gobierno tienen el claro objetivo de un ahorro económico a corto plazo. Sin embargo, no tienen en cuenta el posible efecto a medio y, sobre todo, largo plazo de estas medidas.
Nos podemos encontrar con personas que, por tener recursos económicos escasos (algo nada difícil de imaginar si tenemos en cuenta que el 20% de la población española está en paro) o por estar fuera de la prestación sanitaria –es el caso de los inmigrantes irregulares y de los mayores de 26 años sin cotización a la Seguridad Social–, dilaten la consulta al médico ante cualquier problema de salud, sin saber si es leve o grave, para evitar el correspondiente desembolso. Todo ello con el riesgo de que el retraso en el diagnóstico suponga un agravamiento de su enfermedad.
Cualquier médico con el que tengan la oportunidad de hablar les dirá que la forma más eficaz y barata de tratar una enfermedad es la prevención, seguida del diagnóstico precoz. El tratamiento de enfermedades de alta prevalencia, como la hipertensión o la diabetes, es más difícil y muchísimo más caro cuanto más tarde se diagnostican. No hablemos ya de enfermedades neurodegenerativas o del cáncer.
Las medidas del gobierno tienen un objetivo claro no declarado: evitar el exceso de demanda de atención sanitaria por parte de los españoles. El problema es que se pretende alcanzar dicho objetivo mediante el palo al bolsillo del contribuyente, en lugar de recurrir a una mayor educación sanitaria y al fomento de prácticas saludables que impidan o retrasen la aparición de enfermedades.
Reitero: sabemos que el gobierno quiere ahorrar 3.500 millones de euros. Lo que desconocemos es cuál va a ser el altísimo coste económico, humano y social a largo plazo de ese ahorro.
